José Barta; 27 de octubre 2011
Al menos esto es lo que parece que piensa la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien ha concluido que las entidades financieras actuaron de forma “incorrecta” en la comercializaron de bonos de Landsbanki Islands y Kaupthing Bank, ambas intervenidas en octubre de 2008 por el Gobierno islandés, según la Memoria 2010 de ‘Atención de reclamaciones y consultas de los inversores’.
En dicha memoria, la CNMV, rechaza el argumento, argüido por las entidades financieras, de que la experiencia inversora, de estos inversores en deuda islandesa, quedaba acreditada en el caso de contar con inversiones anteriores, y destaca la “ausencia” de elementos que confirmen que recibieron información completa.
Sin embargo, la CNMV, no considera necesario investigar la calidad de la información que, estas mismas entidades financieras, han aportado a los adquirentes de viviendas, a la contratación de créditos hipotecarios – otorgados contra una tasación inmobiliaria, realizada por encargo de las propias entidades financieras, a “expertos” seleccionados por ellas mismas –, sobre los posibles riesgos por caída de mercado o incapacidad de pago.
Expresiones como “las viviendas nunca bajan de precio”, o “si las cosas le van mal siempre podrá vender el piso, ganando una buena cantidad” no entiende ni la CNMV, ni el Banco de España, que establecieran unas expectativas falsas sobre la inversión a la que “se animaba”; porque conviene recordar que, durante un largo periodo de tiempo, las entidades financieras “animaban” a sus clientes a endeudarse en la compra de vivienda, con el mensaje de “inversión segura”. Y esto se ha demostrado que era falso. Tan falso como los “bonos islandeses”.
Pero a diferencia de aquellos inversores que dieron órdenes de compra de “bonos islandeses” – por dos, tres, diez, veinte, y más millones de euros -, respecto a los que se ha reconocido, por parte de la CNMV, que no se les dio la información suficiente para valorar dicho riesgo, a los pobres particulares que se embarcaron, animados por la entidad financiera, en un deuda de doscientos mil, o trescientos mil, o cuatrocientos mil euros, se les considera más que bien informados y alertados para acometer los posibles riesgos de las mismas, por lo que no se considera procedente investigar las posibles anomalías y responsabilidades de las entidades financieras, y por ende, no se dedica ni un minuto a atender sus quejas. No ya quejas que se encaminen a solicitar la anulación de la operación de compraventa, con la correspondiente devolución de las cantidades pagadas, más los intereses que les correspondiera por el tiempo transcurrido – como se les ha concedido a los compradores de “bonos islandeses” -, ni siquiera se acepta la solicitud de la dación en pago, con la perdida de las cantidades entregadas hasta ese momento último en que se entrega la vivienda. Como si la perdida de esta no fuera varapalo suficiente.
Es más, esta última opción, a algunos “expertos”, les parece poco ético el mero hecho de plantearla.
En el colmo de la estupidez alertan sobre las consecuencias que, este tipo de medidas, podría tener cara al futuro. “Recorte del crédito”, como si lo pudieran recortar más, “endurecimiento en la valoración de riesgos, dificultando la financiación para la adquisición de viviendas”, donde lo que se te pasa por la cabeza es ¡ojala lo hubierais hecho hace años!, ahora tendríamos menos familias al borde de la desesperación, el alquiler de viviendas se habría incrementado, los precios estarían controlados y se habrían financiado otros sectores más productivos y competitivos, con el consiguiente saneamiento de nuestra economía. Pero, claro, si el comportamiento de las entidades financieras hubiera sido más prudente y responsable algunos no hubieran hecho las grandes fortunas que han hecho.
Resulta pues paradójico que – para las instituciones públicas encargadas de velar por los intereses de todos los ciudadanos, en su calidad de supervisores, e incluso reguladores, del sistema financiero – el comprador de vivienda sea tratado como un ser astuto, que esconde en su cerebro una visión privilegiada de la realidad económica del país, al que nadie puede engatusar, mientras que a los inversores institucionales – avezados en todo tipo de instrumentos financieros, con equipos jurídicos y de analistas financieros internos y externos, con los que evalúan pormenorizadamente cada inversión – se les brinde todo el apoyo y protección de los que la CNMV y el B.de E. son capaces de dar.
Vamos que, para la CNMV y el B. de E., los particulares que contratan una hipoteca son taimados tahúres, mientras que los inversores financieros – en este caso más grandes y medianos que pequeños –, que viven de gestionar el riesgo, son débiles criaturas a proteger.
Solo desde esta perspectiva se puede entender el por qué los líderes de nuestro país se muestran tan indiferentes ante el drama del paro: es que no se lo creen.
Sé que algunos “expertos” de estos que cito – y algunos profesionales de esos que no consiguen estar a la altura intelectual de los particulares compradores de vivienda, según se deduce de las actitudes de los organismos supervisores – despectivamente tacharán este artículo de simplista y demagógico; es lo que tiene encontrarse inmersos en una cultura cada vez más profundamente relativista: llega un momento en que resulta casi imposible discernir lo justo, apreciar la verdad.