José Barta; 22 de julio 2014
Es opinión generalizada entre los demógrafos que después de más de tres décadas de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, no es previsible que España remonte este umbral a corto, medio o incluso largo plazo.
El año 2012 nuestro país atravesó el límite crítico del 1,7 por 1.000 de tasa de crecimiento bruto vegetativo, situándose en el 1,05 por 1.000. La tendencia apunta a que caeremos incluso por debajo del 1 por 1.000.
El envejecimiento de nuestra población resulta ya inevitable, como en otras muchas sociedades de nuestro continente. Lo que sucede es que en esto, como en tantos otros disparates, también estamos abocados a convertirnos en abanderados del desastre.
Situados en zona de tasas de fecundidad insuficientes para el reemplazo generacional, no es lo mismo encontrarse en el entorno del 1,7 por 1.000, a caer hasta el 1,3 por 1.000, en incluso por debajo.
Una tasa de fecundidad de 1,3 hijos constante en el tiempo implicaría, en ausencia de migraciones, una reducción del 50% de la población en solo 45 años y un rápido ritmo de envejecimiento. En cambio, una tasa de fecundidad de 1,7 hijos, con un flujo de inmigración moderado y sostenido, podría garantizar la estabilización de la población y un ritmo lento de envejecimiento.
La Ley del Péndulo sigue siendo nuestra principal inspiradora en el ámbito de lo social, con su correspondencia política.
Si lo analizamos desde el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas, observaremos que Galicia, Castilla y León y Cataluña lideran el proceso, por lo que serán los más afectados en los próximos diez años, manteniéndose esta proyección a un horizonte temporal no inferior a veinte años, dado que los factores culturales son la principal causa de esta realidad, y estos son muy difíciles de modificar.
El desprestigio fomentado a lo largo de muchos años del trabajo en el hogar (llegando al absurdo de que algunos colectivos consideren más dignas a las prostitutas que a las “amas de casa”, entre estos el actual Gobierno, que ha optado por incluir en el PIB el supuesto rendimiento económico de las primeras y no el de las segundas); la idea del mero disfrute sexual como objetivo último de las relaciones interpersonales, huyendo del compromiso existencial en estas relaciones, con la consiguiente “cosificación del otro”; la presión constante del consumismo, que desplaza la idea de felicidad en la persona a la máxima tenencia de bienes y servicios, exigiendo a cambio la totalidad de los recursos económicos de que esta disponga, esclavizándola su espíritu, que es la más diabólica de las esclavitudes; así como otros muchos factores que no enumeraré por no cansar más al lector, no son fáciles de reconducir, exigiendo tiempo y grandes esfuerzos, como siempre ha sucedido con los movimientos de liberación de las personas.
A la crisis del crecimiento vegetativo, en España, se suma la crisis económica con la consiguiente caída de la inmigración y crecimiento de la emigración. Este fenómeno ya comenzó a apreciarse en 2010 y ha sufrido un incremento muy superior a las previsiones del INE, produciendo una caída de población residente próxima al millón de personas, al día de hoy; anunciando una media anual, para los próximos diez años, en torno al cuarto de millón de personas, lo que supondrá una caída de población, en el año 2024, respecto a la del año 2000.
Otra característica critica de esta caída de población será la de que la mayor parte de la misma estará integrada por personas entre 25 y 45 años, con plena capacidad de trabajo así como de creación de nuevos hogares.
Ya estamos apreciándolo en nuestro país, con una significativa caída de la Población Activa, algo que incomprensiblemente se apunta el Gobierno como un logro de su política (algo que en gran medida es cierto) beneficioso para la sociedad (algo que ya ha quedado mostrado es falso). Este proceso, estadísticamente tiene incidencia en la caída del desempleo, dado que los que salen fuera de España son mayoritariamente personas que no tenían trabajo. Se equipara esta situación con la ya vivida por nuestros compatriotas en los años 50 y 60, pero resulta sustancialmente distinta dado que en dichos años salían personas de escasa o nula cualificación profesional, que se formaban fuera, a costa de mal vivir. Divisas y formación era el fruto indirecto que recibía aquella España. Hoy se van mayoritariamente universitarios, formados con un elevado coste para nuestra sociedad, a desempeñar – en su mayoría – trabajos de menor cualificación, y tan mal pagados como en aquel entonces. Nuestro Gobierno se siente orgulloso de esto, en lugar de velar por la veracidad del contenido de los trabajos ofrecidos, así como por unas condiciones de vida dignas para nuestros compatriotas.
En definitiva, nos encontramos inmersos en una crisis demográfica, difícilmente salvable, que podríamos calificar (emulando mi calificación de la crisis inmobiliaria en España, en el año 2008), de “Tormenta Perfecta Demográfica”, en la que, la conjunción de una alta migración negativa con ridículas tasas de fecundidad, originaran en un plazo no superior a 15 años, una pérdida de población equivalente a la que resultaría de borrar del mapa de España a Barcelona y Málaga.
¿Asistiremos a solución de la cuestión catalana por la extinción de los catalanes?
Y es que si el marco global en la totalidad del Estado español es muy pesimista, el de algunas Comunidades Autónomas admite la calificación de “horrible”.
Las previsiones que el INE ha realizado sobre la evolución del saldo migratorio inter autonómico, reflejan que unas Comunidades pierden, y perderán, residentes en beneficio de otras.
Entre las que pierden población se encuentra Cataluña, mientras que entre las que ganan destaca Madrid.
A este proceso se le añade la grave caída de fecundidad de Cataluña, ya descrita anteriormente como el de más difícil recuperación; el desglose por Comunidades nos da el siguiente marco de saldo vegetativo.
En el cuadro podemos observar como Madrid, sin experimentar un crecimiento que garantice la renovación generacional, no presente el gravísimo problema de decrecimiento vegetativo de Cataluña.
Consecuencias inmediatas:
En una economía como la española, en la que se ha sacrificado la investigación y el desarrollo tecnológico a favor de una reducción de costes laborales, generará bajas tasa de crecimiento del PIB, incremento de la Deuda Pública per cápita, sobredimensionamiento de infraestructuras de todo tipo, con importantes déficit económicos operacionales, generando perdidas y, en el caso del sector público, mantenimiento del Déficit Público, lo que obligará a nuevos ajustes que, como ha sido habitual, se centraran en salarios y trabajadores, con mayor merma de renta neta disponible, y mantenimiento de altas cotas de desempleo, con caída de la recaudación tributaria, mantenimiento de elevados impuesto, y así sucesivamente, en este círculo vicioso en el que nos ha sumido la mala cabeza de nuestros gobernantes; en definitiva un mayor empobrecimiento del país, en particular de la clase media, con una mayor diferencia en el reparto de la riqueza.
En el sector inmobiliario la consecuencia inmediata es un incremento del stock de viviendas vacías, dada la caída de la demanda, en un parque sobresaturado. Naturalmente es este un balance general, aplicable a la totalidad del territorio español, dado que a nivel local, dependerá de ese equilibrio oferta demanda para que en unas partes sobren viviendas y en otras falten, si bien esto último comenzará a ser cada vez más excepcional. Otra consecuencia de la caída demográfica, acompañada con una espiral de caída de renta neta disponible, será la persistencia en la caída del suelo de precios para viviendas destinadas a economías medias, con el consiguiente deterioro del precio de estos activos en los Balances de los Bancos, así como el deterioro de los Balances de las grandes inmobiliarias, en su mayoría propiedad de Bancos. El Gobierno tendrá que aprobar nuevas medidas para seguir falseando la realidad del valor de dichos activos, y algunas entidades financieras seguirán precisando ayudas económicas.
Hemos iniciado la marcha, con paso firme, hacia el subdesarrollísmo, y ya mostramos su primera manifestación: la opacidad informativa económica y financiera, cuando no la desinformación más descarada, tanto por parte de la Administración Pública como de los “cómplices necesarios” en el sector privado.
Estas consecuencias se podrían paliar en gran medida con un cambio radical de política económica y fiscal; si bien la mayor parte del daño ya se ha producido, solo falta que aflore a la luz pública.