José Barta; 25 de junio 2013
Los lectores que me siguen desde hace tiempo, conocen sobradamente mi opinión sobre la situación que padece el pequeño consumidor en España.
Sea persona física o sea persona jurídica, si no se encuentra usted entre las grandes fortunas o las grandes empresas, su nivel de indefensión ante las irregularidades, e incluso los abusos, de las grandes corporaciones y de las Administraciones Públicas, alcanza cotas difícilmente justificables para una economía que trata de denominarse de “libre” mercado.
El pequeño consumidor (y contribuyente), al menos en España, se está convirtiendo en el autentico “proletario” del Siglo XXI.
La Asociación Española de Asesores Fiscales acaba de sacar una nota informativa, titulada MALOS TIEMPOS PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES( 2013_AEDAF ), en ella denuncia que “la profesión está absolutamente desbordada por lo que algunos llaman el laberinto normativo y profundamente desanimada ante las dificultades que se padecen para ejercer una función transcendente para la sociedad”.
AEDAF reconociendo la persistencia de defraudadores, manifiesta que “el fraude, en cuya persecución confirmamos nuestro compromiso, no puede seguir siendo la excusa, la coartada, para ese recorte progresivo de los derechos y garantías de los contribuyentes, en un proceso que culmina con la erosión de nuestro Estado de Derecho, imputable principalmente a una muy defectuosa legislación que ataca a cuestiones fundamentales en las que se sustenta nuestra seguridad jurídica.”
Las medidas adoptadas por el actual Gobierno, justificadas exclusivamente en su afán recaudatorio, le llevan a invadir competencias hasta hace poco en manos de los respectivos tribunales, ya “que se le faculta para adoptar iniciativas propias (art. 180.2 LGT, por ejemplo) o para llamarse a la parte, conservando su autotutela a pesar de la judicialización del asunto (art. 305.5 CP). “
“La definición del comportamiento delictivo y postdelictivo y las finalidades de la pena quedan relegadas a un lugar secundario, pasando a primer objetivo el resultado recaudatorio de lo defraudado y sus accesorios, para lo que se favorece el desplazamiento de poderes judiciales hacia la Administración tributaria sin el sistema de recursos que exige la nueva situación, lo que ha merecido la crítica de la mejor doctrina.”
Estamos asistiendo a un sistema que puede denominarse sin reservas de totalitarismo fiscal, con una merma evidente de derechos para los contribuyentes, en su mayoría familias y pequeños empresarios, que difícilmente pueden apoyarse en un asesoramiento profesional cualificado, y menos afrontar los elevados costes que el propio sistema mantiene, con evidente carácter disuasorio.
Este artículo ha sido publicado, con ligeras variantes, en Diario Financiero y en Expresión Económica