José Barta; 4 de marzo 2015
El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó, el pasado día 5 de febrero, un Informe referente a la contratación pública en España. En el mismo se examinan las implicaciones de esta forma de aprovisionamiento público, desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados.
La importancia de este informe la da el hecho de que la contratación pública alcanza, en nuestro país, el 18,5% del PIB. Es decir, alrededor de 194.000 millones de euros anuales. El Observatorio de Contratación Pública, estima un porcentaje incluso superior, debido a que no se incluyen en esa cifra otros aprovisionamientos públicos no contractuales, como “las encomiendas de gestión” o “los convenios”.
Según el citado Informe, “se estima que en ausencia de presión concurrencial (que se genera por una mayor presencia de ofertantes competidores, bien informados), se pueden originar desviaciones medias al alza (sobreprecios) del 25%10 del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría alcanzar hasta un 4,6% del PIB anual, lo que representa aproximadamente 47.500 millones de euros/año.”
Un sobre coste para las Administraciones Públicas que no solo resulta escandaloso, dada la actual política de reducción del déficit mediante recortes de servicios públicos e incremento de la presión fiscal a las economías medias, podemos calificarlo de absolutamente inmoral.
Las medidas para luchar contra esta situación, de sobrecostes en la contratación de bienes y servicios, no solo no son costosas (dado el permanente abaratamiento de las nuevas tecnologías), contribuirían al desarrollo de procesos administrativos más transparentes y eficientes.
La CNMC resume las deficiencias analizadas en cinco puntos. A continuación los expongo, con sus consiguientes medidas correctoras:
- Mejor acceso, transparencia y publicidad: La CNMC considera necesaria la implementación de mejoras en el acceso a la información para los licitadores (motivación del procedimiento elegido, criterios de selección y valoración, etc.). Así como mayor transparencia y publicidad de procedimientos (abiertos, finalizados, o planificados) con el fin de facilitar mayor control interno y la comparación de situaciones análogas.
- Evaluar la eficiencia económica y la competencia efectiva: Este control debe realizarse tanto por parte del órgano de contratación, que debe justificar a priori la necesidad de contratar y el procedimiento elegido, como por parte de un organismo externo especializado.
- Mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información: La contratación pública no puede ser ajena al desarrollo tecnológico: por ejemplo, para la obtención y utilización de bases de datos de licitaciones, globales e
interoperables, que permitan la supervisión de la eficiencia económica por organismos especializados.
- Implementar una mayor cooperación administrativa: Fomentar la cooperación inter e intra administrativa permitirá reducir las asimetrías de información presentes en los contratos públicos.
- Simplificar los procedimientos en la contratación pública: A través tanto del mayor recurso a la contratación vía procedimientos electrónicos, como de la reducción de la dispersión normativa de la materia.
Para terminar, no puedo por menos que manifestar que no deja de resultarme sorprendente que, con tanto Alto funcionario Público presente en el actual Gobierno de la Nación, se hayan pasado por alto, durante estos tres últimos años, estas reformas. Máxime cuando hemos podido comprobar la extraordinaria minuciosidad y rapidez con que han acometido otras reformas, como la laboral o la financiera, en ámbitos que profesionalmente se encuentran alejados de su actividad funcionarial (incluido De Guindos, que no ha mostrado suficiente competencia en el sector privado). Solo encuentro dos respuestas: o fueron muy incompetentes en sus anteriores cargos públicos, o no son lo suficientemente honestos, dado que han consentido la actual situación, en beneficio de unas concretas empresas privadas, con perjuicio para los ciudadanos.
Desde una perspectiva ética difícilmente puede Rajoy defender su reelección.