El magistrado del denominado caso Palau, al igual que el fiscal y la Agencia Tributaria, ven indicios claros para probar que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se habría financiado irregularmente.

Según el juez Josep María Pijoan, el partido del president Artur Mas recibió 5,1 millones del expolio del Palau de la Música Catalana procedentes de comisiones de la constructora Ferrovial a cambio de obra pública. Dos tesoreros del partido de Mas y otros altos cargos están acusados.