La Fiscalía de Valladolid se declara competente para investigar unos hechos que, tras analizar la documentación presentada por la Unión de Consumidores de Castilla y León, pudieran revestir caracteres de un delito de estafa de los artículos 248, 249 y en algunos supuestos del artículo 250 del Código Penal.
Las participaciones preferentes fueron emitidas en 2004 por las entonces Caja España y Caja Duero, hoy integrantes de Banco CEISS, y afectaría a veinticinco personas.
La apertura de diligencias penales ha sido dada a conocer por el presidente de la Unión de Consumidores, Prudencio Prieto, y por su asesor jurídico, Santiago Díez, quienes han destacado que se trata de la primera investigación por estos hechos abierta por una fiscalía en toda España.