José Barta; 19 de agosto de 2012
Bueno ya lo tenemos aquí. El Ministro De Guindos ha logrado su objetivo: implantar un Banco Malo, para socializar las pérdidas generadas, principalmente, por la arbitraria actuación de cargos políticos, al frente de Cajas de Ahorros.
Un nuevo “sacrificio” que se impone al ciudadano medio para que no afloren las “golfadas” de los miembros de la poderosa casta política, bajo la escusa de que nos obligan de afuera.
No voy a repetir los argumentos, que el amable lector puede encontrar en mi “Carta abierta (y larga) al Ministro De Guindos sobre los bancos malos”, cuestionando la eficacia y la justicia de imponer un banco malo, siguen teniendo plena vigencia.
Tampoco voy a aceptar como argumentos de valor las “imposiciones” de la Troica, ni de políticos extranjeros, como la señora Merkel, a los que no reconozco como ciudadano español. Jamás les voté (ni a favor ni en contra) por lo que, a los efectos de desplazar la responsabilidad política de los dirigentes españoles, para mí son “como el que tiene una tía en Alcalá, que ni tiene tía ni tiene ná”(dicho popular madrileño, no se me enfaden mis admirados complutenses, por los que siento el máximo respeto y admiración, siendo mi madre de allí).
El Gobierno Rajoy debe asumir las responsabilidades que se derivan de sus actuaciones políticas, dejando ya de señalar allende los Pirineos. Señores del Gobierno, si ustedes no se sienten responsables de lo que aprueban, háganse un favor, y también a España, sean coherentes o DIMITAN.
El Banco Malo DeGuindos (es tradición identificar a las “grandes obras” con a su autor) se va a poner en marcha, con recursos públicos – con el trabajo de los contribuyentes -, para descargar a determinadas entidades financieras de los activos inmobiliarios invendibles al día de hoy, por expresa apuesta del Gobierno del Presidente Rajoy.
La clave – en un mercado sobrevalorado y con una oferta cada día más sobredimensionada , dada la caída de la renta disponible, así como de la población española – es la valoración de dichos inmuebles, que el Gobierno Rajoy ha decidido se haga a “precio razonable” (ya he tratado este aspecto en numerosos artículos entre los que recomiendo “Un proceso económico financiero insostenible”).
En definitiva el Gobierno ha decidido comprar inmuebles, a unas concretas entidades financieras, a precios muy superiores a los que admitiría un mercado libre. Probablemente a unos precios que, muchos de dichos inmuebles, no alcanzaran en los próximos diez años.
Llegados a este punto de no retorno solo nos queda intentar mantener la imagen de que se respeta la legislación Comunitaria, en concreto en lo que se refiera a Libre Competencia, y en particular a las ayudas estatales a empresas privadas (artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea TFUE – antiguos artículos 81 y 82 del Tratado CE -).
Debido a esta imagen que es preciso dar, la adquisición de inmuebles “a precios razonables” no puede limitarse a las entidades intervenidas, o que en breve lo serán: necesariamente, el Banco Malo DeGuindos, ha de abrirse a adquirir activos inmobiliarios al resto de las entidades financieras. Por supuesto en las mismas condiciones.
Parece, por sus declaraciones, que el “Banco Malo DeGuindos” ya contempla esta posibilidad. Pero es que no termina aquí el problema que ha decidido asumir el Gobierno a costa de todos los españoles – y residentes no españoles -. Llegados a este punto tengo que recordar que el “grueso” del problema de la burbuja inmobiliaria no se encuentra todavía en los activos adjudicados por las entidades financieras: se encuentra en los balances de las inmobiliarias en forma de créditos inmobiliarios sin garantía suficiente.
Las entidades financieras han procedido a renovar sistemáticamente los créditos inmobiliarios otorgados a las inmobiliarias, acrecentando la deuda, incrementando las potenciales perdidas.
¿Qué va a hacer el Gobierno?¿Esperará a que vayan venciendo los sucesivos créditos, adquiriendo el “Banco Malo DeGuindos” los inmuebles adjudicados?.
Ante la imposibilidad de cobrar muchos de dichos créditos, las entidades financieras, los han ido transformando en participaciones sobre el capital de las inmobiliarias, y no solo con las que cotizan en Bolsa, con otras muchas(el lector puede leer mi artículo “Inmobiliarias participadas, asignatura pendiente en la Reforma Financiera”).
Se hará preciso entonces extender el rescate (es decir la adquisición de inmuebles invendibles a precios “razonables”) a las inmobiliarias participadas por todas las entidades financieras, así como a las no participadas, en el caso contrario el problema seguiría existiendo, dinamitando la maniobra que el Gobierno desea implantar.
Y en esta tesitura ¿Qué hará el Gobierno?¿Comprará a precios “razonables” solo aquellos inmuebles que se encuentren en propiedad de empresas inmobiliarias altamente endeudadas e insolventes?
La imagen de respeto por la libertad de mercado que, un Gobierno tan liberal como el que tenemos, pretende dar no se lo permitiría. E incluso existe el riesgo de que algún “tarugo” de la Unión Europea se percate de ello y nos cree algún problema.
Pues no se diga más, el “Banco Malo DeGuindos”, en el más estricto respeto por la libre competencia que compre “a precios razonables” todos los inmuebles invendibles de entidades financieras y de inmobiliarias, ya coticen o no en Bolsa, ya se encuentren o no participadas por dichas entidades, ya sean insolventes o no. Finalmente tendré que dar la razón a José Manuel Galindo (Presidente de ASPRIMA y APCE), que venía reclamando esta medida – con este mismo perfil de “precio Razonable” – desde hace años. ¡Cuánto nos hubiéramos ahorrado si le hubiéramos escuchado antes!; y total, al contribuyente ¿qué más le da pasarlo mal quince años en lugar de diez?, ¿y la satisfacción de haber contribuido decididamente a mantener el prestigio de nuestros millonarios en la lista FORBES?
Claro que la cosa no termina aquí. El Gobierno no podrá mantener el prestigio liberal si no tiene en cuenta otro colectivo – que no por ser menor deja de tener importancia, en especial cualitativa -, como es el de los inversores particulares que adquirieron inmuebles para revenderlos. Según las estimaciones realizadas en los años 2006 y 2007 no menos de 400.000 pisos se vendieron a estos inversores.
No se puede hacer discriminación por razón de propiedad. Son agentes económicos que se mueven en el mismo mercado, por lo que el “Banco Malo DeGuindos” deberá velar por sus intereses, que – como sucede con las entidades financieras y con las inmobiliarias – son los de todos los españoles, aunque no lo sepamos ver algunos, pero esto es atribuible a nuestra ignorancia y cerrazón.
Estoy convencido de que este último punto lo van a entender perfectamente los miembros del Gabinete Rajoy, así como sus “expertos”, ya que resulta más que probable que cuenten con parientes y amigos en este colectivo; algunos como consecuencia de los “sabios consejos” que quizás les dieron desde entidades como Lheman Brothers.
Nos van a endeudar a todos los españoles hasta las cejas, en forma inversamente proporcional a nuestros respectivos patrimonios e ingresos, pero al menos tendremos la satisfacción de que se utilizarán criterios de equidad para no excluir ningún propietario afectado.
– ¿Qué sucederá con las familias desahuciadas de sus viviendas?
– ¡No me sea usted demagogo; esos no son inversores, no son instituciones económicas a preservar!