José Barta, 13 de julio de 2012
El problema de no haber trabajado nunca en la economía real, como le sucede a este Gobierno abarrotado de altos funcionarios – que ya olvidaron lo que es funcionar – y de distinguidos ex relaciones públicas, en filiales españolas de grandes corporaciones extranjeras (como el señor De Guindos), es que jamás tuvieron que luchar como el resto de los empresarios y empleados de este país, y desconocen las reglas más básicas de la economía real.
Hablar de compensar la subida del IVA con descensos del IRPF o de las cargas sociales, además de ser falso, como se ha podido comprobar hasta el momento, es estúpido en un país con PIB negativo y con un 25% de parados, ya que se está creando una carga insoportable sobre estos y sus familias, lo que termina por hundir más el consumo y mantiene la destrucción de empleo, no mejorándose la recaudación fiscal.
Estas medidas se pueden adoptar, en una acción coordinada – concepto este que el Gobierno parece ignorar – en una economía estable, o en crecimiento, con no más de un 8% e incluso un 10% de desempleo, para cambiar el modelo de fiscalidad, no en una economía que se derrumba día a día.
Tratar de reducir los gastos de las Administraciones Públicas rebajando el sueldo indiscriminadamente a los funcionarios y empleados públicos, e incluso despidiéndoles, demuestra una profunda ignorancia en la gestión de recursos humanos, al tiempo que una profunda falta de visión de conjunto, imprescindible para dirigir cualquier proyecto humano.
Incluso desde la mera perspectiva del gasto también resulta estúpido, ya que, en los despidos, supone pasar partidas de salarios a partidas para desempleados, lo que en el corto plazo empeora la liquidez del Estado.
Los recortes de salario indiscriminados resultan injustos, ya que no se tiene en cuenta que existen empleados públicos que no llegan a mileuristas, esto es algo difícil de comprender por un político que vive de los Presupuestos Generales (me han dicho que existen dos o tres que no viven de ellos, pero no los conozco) pero así es.
En los despidos no se atiende a las necesidades y prioridades de los distintos Ministerios, Consejerías y Departamentos, como puede ser el de Justicia (nunca he acabado de comprender el por qué la Administración de Justicia depende de las Comunidades Autónomas, como el Urbanismo, ¿será por tenerla más controlada?), que adolece de los mínimos medios tecnológicos y humanos, algo que está perjudicando a la economía del país.
Naturalmente estos pormenores se les escapa a los miembros de un Gobierno que jamás han tenido que vivir de una empresa creada por ellos (no cuentan las instrumentales y las patrimonialistas, que de esas seguro que están bien provistos).
Al día de hoy no se ha realizado ningún estudio detallado de necesidades de recursos humanos (numero y perfil de los mismos) para los servicios estratégicos que aporta el Estado (justicia es estratégico), ni el mínimo estudio de capacidades y habilidades de los empleados públicos, a efectos de su posible reubicación profesional.
Si las analizamos fríamente, la mayoría de las medidas aprobadas por el Gobierno, concluimos que todas tienen dos objetivos subordinados entre sí: convertir las deudas de algunas empresas del sector financiero en deudas del sector público y reducir el déficit público, recortando las rentas disponibles de familias y empresas, en beneficio del incremento de ingresos de las Administraciones Públicas y abaratando los despidos de estas.
De esta manera se ofrece la garantía a los bancos franceses, británicos, norteamericanos, y principalmente alemanes, de que se les va a devolver el dinero que tan alegremente prestaron a sus homónimos españoles, trasladando esa deuda al Estado español (a los contribuyentes españoles), a través de distintas instituciones de la UE (a través de los contribuyentes de la UE) que les sustituirán como acreedoras.
Nuestra crisis financiera es un problema que tiene su origen no en la “burbuja inmobiliaria”, sino en la causa de la misma: la política seguida por las Cajas de Ahorro españolas, dirigidas por políticos y sindicalistas, y la seguida por la mayoría de Ayuntamientos y Comunidades, creo que también dirigidos por políticos.
Y estos políticos se corresponden con casi todos los partidos, sin distinción de “ideologías”. Una realidad tan escandalosa que, desde el Gobierno, se está evitando a toda costa perseguir a los responsables últimos de estos desafueros, negándose a iniciar ningún tipo de investigación a gran escala.
Con este problema, estos objetivos y este marco sociológico, el Gobierno de la Nación pide “sacrificios”, sin dar el más mínimo ejemplo de austeridad – por ejemplo recortando al 50% o más las subvenciones a partidos y asociaciones profesionales, así como los sueldos de diputados y senadores, etc. -, ni explicar cómo va a ayudar a crear empleo en los próximos tres meses, así como evitando dilucidar responsabilidades que evidencien un autentico espíritu de renovación, para que jamás se repita algo parecido, por no serles rentable a aquellos que se hayan beneficiado de ello. Y para colmo, la mayoría de las medidas adoptadas afectan principalmente a la clase media, creando la “sensación” de que tratan de salvaguardar a toda costa el patrimonio de la propia clase política así como el de las grandes fortunas.
Si este Gobierno es de verdad honesto – entendiendo por ello que está al servicio de la justicia y del bienestar de “todos” los ciudadanos españoles, en especial de los más vulnerables y necesitados – concluiré que carece de “entendederas”, ya que no para de perjudicar a aquellos cuyos ingresos son más transparentes y menos reservas económicas tienen, sin ofrecer a cambio un objetivo social claro, salvo el de “sanear el sistema financiero”, que a estas altura nadie sabe qué quiere decir eso, ya que sigue sin aporta recursos financieros a la economía real, y tampoco se acometen decisiones de marcado carácter ético, como sería el de sustanciar las responsabilidades de aquellos que se lucraron con el desastre, o de aquellos que vendieron deuda subordinada como producto de ahorro a pequeños inversores.
Por último, permítanme una pregunta retorica, al hilo de la falta de entendederas ¿se beneficia algún país “de los que nos ayudan” con el hundimiento, o la pérdida de competitividad, de algunos de nuestros sectores económicos?