Nueva Ley del Suelo y medidas de economía social para la gestión de viviendas sociales, críticos para el futuro de la Comunidad de Madrid

José Barta; 8 de junio 2015

Quedan pocos días para que se desvelen los pactos triunfantes y se constituyan los Gobiernos Municipales y Autonómicos.

Parece que el criterio más conflictivo ha sido el de desterrar definitivamente la corrupción (en cualquiera de sus formas, no solo la de beneficios económicos para los corruptos) de los futuros responsables de la gestión pública. Ojala sea así.

En esta misma línea deseo destacar que una de las competencias que se encuentran en el ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid es la Ordenación y Planeamiento del Territorio, que se suele plasmar en veinte mil leyes, siendo la guía la denominada Ley del Suelo Autonómica.

Ya me he manifestado en reiteradas ocasiones sobre las consecuencias de la actual Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, un engendro desde su primera elaboración en tiempos de Ruiz Gallardón. El lector interesado podrá repasar algunos de mis comentarios en este blog (LA LEY DEL SUELO DE MADRID BLOQUEA SU DESARROLLO ECONÓMICO  el 18 de julio 2013  o LA CERRAZÓN URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  el 20 de octubre 2013)

Urge redactar una nueva Ley del Suelo que acabe con las incongruencias y contradicciones de la actual, facilite la gestión sostenible y dote de la debida transparencia a estos procesos. También debe contemplar las acciones de vigilancia y sanciones administrativas a responsables municipales que de manera grave se salten los límites de la misma, o las sentencias judiciales, como está sucediendo en numerosos proyectos en marcha dependientes del Ayuntamiento de madrid.

El otro aspecto que urge es el de dejar de enriquecer a Fondos buitre a costa de los usuarios de  las viviendas sociales, a cambio de unos miserables ingresos en las arcas municipales o autonómica.

Para este último reto figuras como las SOCIMI pueden, en mi opinión, dar una magnifica respuesta en beneficio de todas las partes (Administración Pública, arrendatarios y pequeños inversores) dado que podría satisfacer sobradamente los intereses de todos ellos, al tiempo que permitirían acoger inversores institucionales con marcada vocación social (entre ellos muchas Fundaciones).

Dos retos que, con otros muchos, me hubiera gustado escuchar cómo se desean afrontar.