Para descubrir las tramas delictivas financieras sigan los correos

Ya en 2013 escribí una serie de artículos en los que avanzaba la trama existente tras la venta de preferentes, y apuntaba la necesidad de intervenir los correos electrónicos entre los máximos directivos y directores regionales y de agencia de las distintas entidades financieras implicadas en “colocación” de preferentes, para descubrir como se llegaron a dar instrucciones precisas de venderlas a personas escasamente preparadas para entenderlas. Uno de ellos se titulaba ¿Esconde la venta de preferentes una conspiración para engañar?

Hoy hemos conocido la sentencia sobre el uso de Tarjetas Black, fruto de una compleja investigación que logró aclararse gracias a la publicación de una serie de correos vinculados con Miguel Blesa, cuando fue Presidente de Caja de Madrid.

Esos correos tienen una prehistoria no demasiado conocida: “Los Correos de Blesa llegaron a la opinión pública por primera vez a través de la Comisión Ciudadana Anticorrupción del Partido X. Esta comisión recibió un mail de una fuente anónima diciendo tener “(…) una información de mucho volumen y muy importante (…) que dibuja un cuadro claro de la corrupción institucional en España (…)”.

La Comisión Anticorrupción del Partido X puso en contacto rápidamente a esta fuente anónima con periodistas de elDiario.es y, dos días más tarde, con periodistas de El Mundo.” (mas información a través del siguiente enlace correosblesa)

Si se quiere descubrir la verdad sobre lo sucedido en los pasados años del boom y su desenlace en la mayor crisis de la sociedad española de los últimos doscientos años (salvando las originadas por guerras) se deben seguir los correos de los distintos responsables de las antiguas Cajas de Ahorro. Saldrán a relucir no solo las tramas creadas para colocar preferentes, también muchas de las que desembocaron en la concesión de créditos irrecuperables e inversiones injustificables. También aparecerá una reata de políticos y funcionarios públicos implicados en procesos que culminaron en grave deterioro de los balances de dichas entidades, e incluso de las arcas públicas. Bastante de ellos ofrecerán pruebas para ser tratados como acciones delictivas.

Lamentablemente estoy convencido que, desde las instituciones del estado, no se acometerá acción alguna encaminada a descubrir las posibles tramas. Nuevamente tendremos que esperar a denuncias anónimas de ciudadanos “quemados” o “arrepentidos”, que solivianten a la opinión pública.

Por cierto, hablando de instituciones públicas ¿a que se dedica la Defensora del Pueblo, además de a gastar sus más de 120.000€ anuales de remuneración, más dietas y gastos vinculados al cargo?

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