José Barta; 11 de octubre 2012
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado que es “difícil” establecer que hubo “un negocio de estafa” en la comercialización de las preferentes por parte de entidades bancarias al sustentarse la relación entre cliente y entidad en un contrato civil.
No obstante, ha admitido que hay “excepciones” en situaciones “concretas”, ha indicado en alusión a casos en los que la firma fue con una cruz o una huella dactilar, en los que los clientes eran personas discapacitadas o en los que se constate que hubo falta de información.
“Esas situaciones hay que investigarlas desde el punto de vista penal”, ha señalado Torres-Dulce, quien ha añadido que “es difícil establecer que un producto financiero con ese nivel de relación –ha indicado en relación a los contratos civiles– pueda entenderse como un negocio de estafa”.
Solo puedo aconsejar a nuestro ínclito Fiscal que repase los principios generales del derecho, en el ámbito de la libre voluntad. Si no tiene libros a mano puede leerse mi último artículo titulado “Preferentes y Justicia”, en este blog o en Diario Financiero o en Expresión Económica.